La ley de la consulta previa y los enemigos de la libertad

Durante el gobierno pasado nos cansamos de escuchar de parte del oficialismo o de algunos voceros de la oposición (da lo mismo) que la ley de la consulta previa, en caso se aprobara, iba a ser un tremendo error. Basaban su juicio en el hecho de que desincentivaria la inversión al punto de que sin ella en muy pocos años volveriamos a ser el país derrumbado económica y moralmente que eramos, apenas, hace un par de decadas.

Esta actitud ha cambiado rapidamente. La semana pasada, por ejemplo, el Primer Ministro anunció ante el pleno del Congreso que había logrado consensuar junto con los empresarios mineros un aporte voluntario ascendente a 3 mill millones de soles anuales, los cuales, comparados con la cifra nimia de 500 millones que obtuvo el gobierno anterior suenan a risa. Pronto los líderes del APRA salieron a declarar a los medios que los empresarios habían sido victimas de un chantaje y que ante una negociación tan vertical poco más que decir sí, donde firmo, no podían hacer. Los empresarios mineros, a su vez, respondieron que no, que no los habían chantajeado y que más bien apoyaban la iniciativa del gobierno porque creen que ello abonará en el mediano plazo al desarrollo del país.

¿Qué paso para que en tan poco tiempo los empresarioos mineros cambiaran abruptamente de opinión? ¿no habrá sido acaso que en su fuero más intimo sabían que se la estaban llevando fácil y que era preciso, si el gobierno se avibaba, ceder como en su día lo hicieron también otros empresarios afines en Chile, en Brasil, etc, etc? El corolario de todo esto fue, además, la aprobación de la famosa ley de la consulta previa, la cual, en líneas generales, mantiene lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT excepto porque la participación y punto de vista de las comunidades amazonicas y originarias no son vínculantes.

La aprobación de esta ley es desde todo punto de vista una medida positiva y servirá para concientizar a los inversionistas del rol que tienen (tenemos) los ciudadanos en la preservación del medio ambiente y el control de las decisiones (económicas o políticas) que les (nos) incumbe (n), pero, y aquí es preciso hacer una advertencia, dependerá mucho de quienes sean los directos reponsables de implementarla el que tenga éxito o no. Las leyes no crean realidades y así como hace apenas un año los mineros aportaban muy poco al Estado por la extracción de sus recursos, hoy lo que pagan es proporcional al beneficio que perciben. De la misma forma la ley puede ser un buen acicate para empoderar a estas comunidades pero en manos de unos políticos chambones o de unos jueces formalistas (o complacientes) puede ser una espada de damocles que afecte por igual a los inversionistas -al imponerles cargas absurdas que no se desprenden de la ley- o a los ciudadanos -al darles facultades que en la práctica son imposibles de cumplir-.

El mito de la sentencia del TC que favorece al Arzobispado

Uno de los mitos más repetidos en los últimos meses es que la sentencia del TC favorece, de forma irrefutable, al Arzobispado en el conflicto que tiene desde hace más de 5 años con la PUCP. Se trata, es bueno resaltarlo, de un mito pero de uno muy exitoso pues a pesar de los esfuerzos de la Universidad y de las apariciones mediáticas de sus autoridades más de un periodista, político y/o líder de opinión está convencido de que el Arzobispado tiene la razón y que la justicia está de su lado tanto que, claro está, el TC ya resolvió a su favor.

En este post intento, humildemente, aportar mi granito de arena para derrumbar este mito ya que, además de ser falso, es la bandera que los enemigos de la PUCP airean de tanto en tanto para señalar que, contra todo pronóstico, dentro de muy poco tomarán el control de la Universidad y pondrán el orden que tanta falta le hace (si Juan, cómo no).

El TC ya le dio la razón al Arzobispado en el conflicto por la herencia de don José de la Riva Agüero: FALSO. El TC no le dio la razón al Arzobispado por la simple y sencilla razón de que no podía dársela. El proceso constitucional que inició la PUCP fue por la amenaza, inminente, a su derecho a la propiedad no por la herencia de don José de la Riva Agüero. Que el TC se haya pronunciado sobre este punto no equivale a decir que le dieron la razón al Arzobispado como que el TC se excedió en sus funciones.

El TC es el supremo intérprete de la Constitución y como tal su sentencia es indiscutible. FALSO. El TC es el supremo intérprete de la Constitución en el ámbito de sus competencias pero en el ámbito de las que no lo son, y claramente pronunciarse sobre un conflicto que se dirime ante el Poder Judicial no lo era, no sólo no es competente sino que se encuentra subordinado a lo que sostengan los demás órganos jurisdiccionales.

La PUCP no acepta que perdió el caso con el Arzobispado por la herencia de don José de la Riva Agüero. FALSO. La PUCP no ha perdido ese proceso porque el único que puede definir si lo ha perdido o no es el Poder Judicial y éste, al menos hasta el día de hoy, no se ha pronunciado al respecto.

El análisis del TC es contundente. Lo más seguro es que el Poder Judicial actuará en consonancia. FALSO. El análisis del TC no sólo no es contundente sino que es vergonzoso. Se pronuncia de forma extra petita sin el menor respeto por el debido proceso y haciendo gala de una ignorancia supina en temas históricos, doctrinarios e, incluso, legales. Su impertinencia es tan grande que sus fuentes doctrinales más “serias” son: el procesalista conservador Jorge Peyrano y el, no menos radical, Couture. El TC en su sentencia se mete en la cabeza de don José de la Riva Agüero y le hace decir cosas tan absurdas como que: el testamento es claro y debe haber una junta perpetua que administre sus bienes, las mismas que sin ser abogado cualquier lego que de verdad leyera la sentencia juraría que serán revocadas por la justicia ordinaria.

Dicho esto espero, sinceramente, que quienes afirman, como Ricardo Vásquez Kunze, que el TC le dio la razón al Arzobispado se lo piensen dos veces pues solo tendrían dos motivos para seguir afirmando lo mismo: o son bobos y carecen de entendimiento para leer, o son demasiado vivos y quieren a toda costa que las actuales autoridades de la universidad se retiren de sus cargos para así mejor lucrar con el nombre y el prestigio de una institución que los sobrepasa de cabo a rabo.

Corregir un error con otro

La sentencia recientemente emitida por el Tribunal Constitucional en el caso del proceso de inconstitucionalidad seguido en contra el artículo 3° de la Ley Nº 28705, Ley general para la prevención y control de los riesgos del consumo de tabaco, presenta, entre otros, los siguientes problemas: a) incurre en un supuesto de paternalismo jurídico inválido, y b) interpreta, de forma errónea, los alcances del derecho a la salud a la luz del Convenio de la OMC para la Prevención y Control del Consumo del Tabaco. A continuación expondré en qué consisten ambos problemas:

a)      El Tribunal justifica la constitucionalidad del artículo 3° de la Ley Nº 28705 en base a dos finalidades: i) proteger de forma inmediata el derecho a la salud de los no fumadores y ii) proteger de forma mediata el derecho a la salud de los fumadores. La finalidad i) me parece plausible y entiendo, salvo mejor parecer, que se trata de una medida idónea, pero la finalidad ii) me parece, en cambio, invalida pues las personas que acuden a dichos locales lo hacen aún a sabiendas de los daños que puede causarles el consumo del tabaco a su salud, y siempre que no atenten contra los derechos de terceros (principio del daño) prohibir esta conducta implicaría incurrir en un supuesto de paternalismo jurídico inválido, que incluso contradice las excepciones que el propio Tribunal detalla en su sentencia.

b)      La sentencia plantea que el Estado tiene la obligación de proveer bienes primarios mas no bienes secundarios en el marco de sus obligaciones para garantizar la protección y exigibilidad de los derechos sociales. Esta distinción es engañosa pues si bien el Estado no tiene el deber de proveer bienes secundarios nada parece indicar que la ley bajo comento así lo establezca. En todo caso lo que si debe quedar claro es que una cosa es que el consumo del tabaco atente contra la salud de las personas y otra muy diferente es que, a priori, el Estado establezca que prohibir su consumo (en locales solo para fumadores, digamos) es una manifestación del derecho a la salud.

Lo dicho hasta aquí no significa, sin embargo, que el Estado no pueda hacer nada para desalentar el consumo del tabaco. De hecho, existen distintas formas de hacerlo como promover campañas de información, aumentar el pago de impuestos a esta industria, persuadir a la gente de que su consumo tiene efectos dañinos en su salud. Lo que sí debe quedar claro en todo caso es que sea cual sea la fórmula que emplee el Estado la última palabra la tiene siempre el individuo, y si éste ha optado por consumir tabaco no hay manera, jurídicamente posible, de impedirlo salvo, claro está, que se quiera corregir un error con otro.

(Comentario originalmente publicado en el especial de Gaceta Jurídica sobre la STC N° 0032-2011-PI/TC, emitida el 19 de julio de 2011).

La ciudadanía en cuestión

El jorobado de Notredame, léase, Carlos Melendez, ha escrito un artículo titulado “buscando ciudadanos”, en él plantea una idea que, al menos intuitivamente, ya habíamos desarrollado antes por estos pagos: que en el Perú hemos pasado del discurso de los pobres y ricos, al de los incluidos y excluidos pero nos hemos olvidado del discurso  de los ciudadanos. Nada menos.

“El Perú es un país de desencuentros. Los últimos gobiernos no han conseguido generar un discurso político traducido en políticas públicas que logren paliar en algo las distancias sociales o, al menos, el acceso a los beneficios del progreso económico. De izquierda a derecha solo tenemos intentos fallidos. La izquierda setentera y sus herederos se han dirigido al “proletariado” o al “campesinado”, construyendo una identificación política colectiva tomando como base los determinismos de la actividad económica de la clase sometida. Luego, con más culpa que con reflejo, se evolucionó hacia la categorización de “pobres” y “excluidos”, categorías que ganaron cierto consenso. Se habló de los “sin voz” y la (buena) intención de toda política: el “empoderamiento”, siempre partiendo de la premisa de la subordinación y de los sujetos como actores pasivos. El discurso de la “inclusión social” es su más reciente versión y se sustenta en el desvalido a quien no le llega nada. La culpa se impone como leitmotiv de cualquier cambio social.

La derecha no se salva. Quizás su rollo más articulado haya sido el concebir a las clases bajas como informales, potenciales micro capitalistas cuya principal (¿y única?) actividad es económica y que se realiza al margen de las reglas de juego impuestas por el sistema (el mismo que los oprime, claro está). Ambas tendencias definen a las clases populares (sic) casi exclusivamente por su poder adquisitivo. Cuando sus discursos intentan dar el salto a la política, desfallecen. En las alternativas planteadas de “más Estado” o de “legalidad” hay un tímido reflejo de búsqueda de algo extra que no termina por precisarse. La izquierda ve pobres y excluidos, y la derecha ve informales. Nadie ve ciudadanos.”

Carlos no se equivoca, en efecto, en el Perú hace mucho, desde la época de Julio Cotler por lo menos, se ha dejado de lado el discurso de la ciudadanía para, en su lugar, poner los reflectores sobre el discurso de la inclusión. Ambos parecen lo mismo pero no lo son. El discurso de la ciudadanía se refiere a los derechos y a las obligaciones, el discurso de la inclusión, en cambio, se refiere a los que tienen privilegios y los que no, los que se favorecen del desarrollo y los que no, los que pueden, en suma, sentirse peruanos y los que no (en el sentido de ser parte de una comunidad y, por tanto, ser responsable de las decisiones que se adoptan en ésta).

No es baladí subrayar esta diferencia pues de ella depende, en parte, la forma cómo nos aproximamos a las soluciones de los vastos problemas que afronta el Perú. La política se entiende en este contexto de una forma un tanto diferente a como la entendemos en el habla común: no como el espacio en donde se dirime quién manda a quién, sino como el espacio donde se dirime qué es lo que se debe mandar y en función de qué  intereses y necesidades. Si nuestro objetivo próximo, y asumo que esa es una meta importante para este gobierno, es reducir la exclusión social y permitir que la brecha entre pobres y ricos se acorte, la estrategia más adecuada, talvez, sea, por eso, olvidarse un poco de que la inclusión y la pobreza como tales existen y concentrarse más bien en pensar en soluciones para ciudadanos que, aunque pobres y excluidos, y que se beneficiarán, además, hipotéticamente, de esas medidas, nunca deberían dejar de serlo.

Círculo de Filosofía del Derecho y Argumentación Jurídica: Sesión 1

Hoy, a partir de las 6 pm, arrancamos con la primera sesión del Círculo de Filosofía del Derecho y Argumentación Jurídica con la presentación del paper de César Higa titulado: “Hacia un análisis lógico – epistémico de la prueba testimonial” (este es el paper: prueba_testimonial[1]), la reunión se llevará a cabo en el Auditorio Armando Zolezzi (ex- D205) de la Facultad de Derecho de la PUCP y contará con la participación de Domingo Rivarola y Segismundo León. A continuación, la invitación hecha por el Jefe del Departamento Académico de la Facultad de Derecho de la PUCP, Dr. Guillermo Boza:

Estimados y Estimadas colegas: 

Me dirijo a ustedes para invitarlos a participar en el Círculo de Filosofía del Derecho y Argumentación Jurídica, cuya primera actividad será la exposición a  cargo del profesor César Higa Silva, titulado “Hacia un análisis lógico – epistémico de la prueba testimonial”.

La dinámica del evento consistirá en la presentación del documento y contará con un panel de comentaristas conformado por el profesor Domingo Rivarola y el Juez Segismundo León. Luego se procederá al debate abierto a los participantes.

Esta actividad académica se llevará a cabo el día miércoles 24 de agosto del 2011 a las 6:00 p.m. en el Auditorio “Armando Zolezzi Möller” de la Facultad de Derecho. 

Les pido confirmar su asistencia al correo derecho@pucp.edu.pe o comunicarse al teléfono: 626-2000 anexos 4901 – 4930.

Cordiales saludos,  Guillermo Boza Pró

Jefe del DepartamentoAcadémico de Derecho 

PD: Responsables del Círculo.- Profesores Betzabé Marciani, César Higa y Heber Joel Campos.

Marmor y Waluchow at PUCP

Foto: Andrei Marmor

La semana pasada se llevó a cabo en la PUCP una interesante discusión con dos de los más renombrados exponentes del positivismo  -incluyente y excluyente- sobre la legitimidad de la justicia constitucional. No llegué a la conferencia de Waluchow (lastima, porque al parecer fue la mejor de ambas), pero si a la de Marmor. Había leído de él, antes, un librito que publicó GEDISA titulado: Interpretación y Teoría del Derecho pero nunca fue, y todo parece indicar que no será, santo de mi devoción. En todo caso, sí me llamó la atención lo que  dijo cuando le pregunte si, por caso, tenía idea de este fenómeno tan nuestro de la sobreconstitucionalización del derecho; me dijo que sí y que, en lineas generales, le parecía un fenómeno muy pósitivo, pues si de algo había adolecido América Latina en los últimos años era, precisamente, de una protección robusta de los derechos. Acto seguido, sin embargo, añadió que una vez superado este trance, de crisis institucional, se debía enmendar el camino y rechazar el “mal” modelo norteamericano de sobreconstitucionalización  y refugiarse en las aguas mansas del positivismo excluyente que distingue lo que el derecho es de lo que debe ser.

La luz en las tinieblas

La polemica avanzada hace más de 5 años por el arzobispo de Lima contra la PUCP tuvo esta semana su cenit más alto con el pedido del vaticano para que adecue sus estatutos a lo que señala la constitución apostólica Ex Corde Ecclesiae, esto es, que renuncie a su autonomía en mor de los dictados de la iglesia. Este pedido no debería de causar sorpresa a no ser porque, como han señalado diversos analistas, podría tener como desenlace que la PUCP deje de ser la PUCP y se convierta a secas en Universidad, o mejor dicho que deje de ser Pontificia y Católica.

No quiero comentar en este momento las implicancias legales del pedido del vaticano como que, a ojos vista, se trataría de una medida que abona a la tesis de que el Arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, tiene intereses no muy santos respecto a la Universidad. He escuchado a varios amigos, muchos de ellos muy brillantes, decir que si la PUCP se arroga los titulos de Pontificia y de Católica debería de actuar en consecuencia. No comparto ese punto de vista. Creo que si algo le ha dado a la PUCP la identidad que hoy posee es precisamente su pluralismo que en nada se condice con una moral, única y exclusivamente, católica, aunque tampoco la niega como explicaré a continuación.

La PUCP ha sido desde sus inicios una universidad inspirada en los valores cristianos de la solidaridad y el amor al projimo, no ha cometido la torpeza de trocar ese catolicismo en fanatismo y ha permitido, a la par que una ética cristiana, un espacio de convergencia de distintas posiciones morales e ideológicas que incluso, llegado el caso, la rebaten. Por eso es la gran universidad que es hoy en día y por eso a quienes nos hemos educado en ella nos jode que de un tiempo a esta parte hayan aparecido tantos advenedizos que llegan al colmo, como ayer el abogado Natale Amprimo, de decir que la universidad le pertenece a la iglesia. Sea cual sea el motivo, sin embargo, una cosa es clara: el pedido del vaticano es INACEPTABLE y si bien es preciso que se llegue a un acuerdo entre ambas partes (ya sea a través del dialogo o de la justicia), eso no significa que la universidad debe de renunciar a su identidad y abrir paso, como señala Augusto Alvarez Rodrich , a “fuerzas políticas que pretenden imponer una sola visión y la demolición de todas las que se le opongan.”

 

De RIPLEY!

Una vez mi papá me contó una anecdota que no sé si sera cierta pero que siempre recuerdo como un ejemplo de hasta dónde puede llegar la imbecilidad humana. Resulta que había sido notificado por INFOCORP (la central de riesgos de crédito) de que adeudaba un monto importante a tiendas RIPLEY y que, por tanto, si no lo cancelaba a tiempo iba a ser incluido en una lista de clientes morosos que van, literalmente, a la siberia financiera. Grande fue su sorpresa cuando descubrió, a los pocos días, que la supuesta deuda ascendía a, nada más y nada menos, que 20 centimos, es decir, un centavo de dolar. ¿Es posible que INFOCORP notificara a alguien porque adeudaba 20 centimos? Sí, sí era posible y lo que era peor es que si no pagaba esa onerosisima deuda tendría que pagar, al cabo de un mes,  un sol, de 1 año, 10 y de 10, 100 y así hasta el infinito, todo por 20 centimos.

Mi papá, por supuesto, pagó los 20 centimos no sin antes hacerles saber, a los responsables de la empresa, que ésta era, metaforica y literalmente, una basura.

En estos días muchos trabajadores de RIPLEY  han iniciado una huelga en contra de esta empresa aduciendo que son objeto de una serie de abusos laborales. El Ministerio del Trabajo, como es su costumbre, no ha hecho nada al respecto excepto instar a las partes a que lleguen a un acuerdo.

Esta semana, sin embargo, se han ido revelando otras informaciones acerca del modus operandi de tiendas RIPLEY  que señalan, por un lado, que tienen una política laboral, por decir lo menos, precaria (con sueldos de hambre que no superan los 100 soles y despidos intempestivos que no reconocen ni compensanciones por tiempo de servicios ni indemnizaciones laborales) y, por el otro, que tienen una política comercial, azas abusiva, que alienta el sobreendeudamiento de los clientes y el pago de cuotas exhorbitantes a través de la modalidad, también denunciada en otros países, del pago a cuotas a través de la tarjeta de crédito.

Ellos apelan al libre mercado y a la autonomía de la voluntad de sus trabajadores y clientes ( a fin de cuentas, ellos pueden renunciar o comprar en otro lado) pero sus excusas no parecen ser tan convincentes: si sus trabajadores son así de libres y sus clientes así de informados por qué no son capaces entonces de defender su misma política laboral ante el ministerio y su misma política comercial ante sus clientes (que, por cierto, son los últimos en enterarse de que han sido sistematicamente estafados por la empresa).

Urge que el gobierno tome cuanto antes cartas en este asunto o de lo contrario, como me pareció a mi cuando escuche  el caso de mi papá, ésta será otra historia de RIPLEY!

A continuación una buena entrevista al Congresista Jaime Delgado, ex Presidente de ASPEC:

Haya: modelo para armar

En La República del pasado viernes 12 de agosto salió publicado el artículo del historiador Daniel Parodí titulado: Haya y la Constitución de 1979, en él su autor decía, entre otras cosas, lo siguiente:

“Los tiempos cambian y hoy todos los caminos conducen a Haya de la Torre, por cuya Constitución –la de 1979– han jurado las principales autoridades del nuevo gobierno. Además, ahora se ejecuta en el Perú un proyecto de izquierda no marxista, abierta a la libre concurrencia económica, a la vez que sagaz en la negociación con el capital trasnacional; firme en la defensa de los intereses nacionales y sensible a la inclusión social. En esta ruta, también el anuncio presidencial de fortalecer los foros multilaterales de UNASUR y la CAN apunta hacia Víctor Raúl.”

La cita no pasaría de ser una frase lisonjera, de esas que se dicen casí distraidamente, de manera retórica para subrayar algo, en este caso, la importancia de las ideas de Haya y de como, despues de tantos años, vuelven a cobrar actualidad, si no fuera por el hecho de que, como advierte otro historiador, Nelsón Manrique, implican una malinterpretación histórica:

“En su artículo “Haya y la Constitución del 79” (LR, 12/8/11) el historiador Daniel Parodi sostiene que quienes acusan a Haya de traicionar sus postulados primigenios, abandonar su izquierdismo original, manejar un doble discurso y aliarse con sus enemigos tradicionales (Prado y Odría) parten de una premisa equivocada. Señala Parodi que ya en 1928 Haya sostenía en su libro El Antimperialismo y el Apra (en adelante EAA) “que había que entenderse con el imperialismo por la exigencia de contar con sus capitales para desarrollar a los países de A. Latina”.

El título del texto de Manrique es Haya y el Antimperialismo y desmiente la tesis según la cual Haya se volvió comprensivo del imperialismo desde sus inicios, es decir, desde 1928, como sostiene Parodi. Por el contrario, Manrique sostiene, y así lo ha explicitado además en un libro bastante voluminoso: “Usted fue aprista”, que Haya no fue imperialista en sus inicios sino que lo fue, y con muchas reservas, una vez que su principal rival ideológico, José Carlps Mariategui, hubo muerto. Es un desproposito, por tanto,convertir ahora a Haya de la Torre en un socialdemocrata aggiornado cuando lo que en realidad fue es un político atento a los giros del poder que, en los términos de Manrique, le importaban más que los giros de sus ideas.

Agosto 2011

¿Cuál es la razón detrás de las revueltas producidas en los últimos días en Santiago, Tel Aviv y Londres? Al parecer no hay una razón que las articule. Por el contrario, parecen estar motivadas por razones distintas. Como señala Álvaro Vargas Llosa, en la nota que publicó hoy en La Tercera de Chile, en todos estos casos estamos ante protestas motivadas por los problemas de la educación (Chile), la crisis de la Economía (España), la represión del gobierno (Tel Aviv) o el vandalismo puro y duro (Londres). Talvez el único aspecto que guardan en común es que en todos estos casos las protestas han sido lideradas, impulsadas y/o promovidas por jóvenes.

No es posible identificar, por ende, a un único líder en cada una de estas protestas, salvo el caso de Camila Vallejo, en Chile, que destaca con luz propia, en los demás casos, se trata de un grupo de jóvenes, antes que un joven que lidere a un grupo (sin que ello signifique que estos movimientos o protestas no hayan sido previamente coordinados). El elemento en común entre estos líderes o grupos de jóvenes es, como antaño, su dinamismo, su energía, su creatividad y su fuerza.

La prensa internacional ha reaccionado de manera distinta según se trate de la prensa local o la prensa internacional. Por ejemplo, en Chile los medios locales han sido bastante ambiguos respecto a su apoyo a Camila Vallejo, mientras que en el extranjero los medios internacionales han sido, unánimemente favorables a su causa. El Comercio de Lima, por caso, o El País de España han resaltado la belleza y la inteligencia de esta joven lideresa que, como dice un conocido nuestro, Roberto Gargarella, es un cuadrazo de la nueva izquierda latinoamericana. En Inglaterra, por otro lado, la prensa local ha sido bastante crítica de los manifestantes y del gobierno al mismo tiempo y han mencionado, como el columnista de The Guardian, Martin Sounders, que momentos como estos causan una profunda y terrible vergüenza. La prensa internacional, en cambio, ha destacado, sobre todo, la firmeza de David Cameron y su decisión de aplicar mano dura contra los revoltosos.

¿Estás revueltas son el comienzo de una nueva época de cambios en el mundo similar a la que sucedió en mayo de 1968 en Paris y México o 1990 en Tianamen, China? Es muy difícil avizorar en este momento si estamos ante un nuevo mayo del 68. Lo cierto, en todo caso, es que julio y agosto de 2011 serán recordados como una época de cambios gatillada por la crisis económica de las principales economías del mundo, y la violencia política todavía imperante. Más que un nuevo comienzo, por ende, estamos ante una época de complejos y difíciles retos en todo el orbe.