Sobre una propuesta de amnistía
by heberjoel
Se ha convertido en un lugar común de nuestra política nacional que cada cierto tiempo se lancen propuestas osadas del tipo “se debe indultar a fulano” o “se debe amnistiar a zutano”, cuyo único propósito es llamar la atención sobre algo que, para bien o para mal, sabemos muy bien los peruanos: que las amnistías e indultos no proceden en casos de violaciones a los derechos humanos.
El último exponente de este popular deporte ha sido nada más y nada menos que el Ministro del Trabajo, Rudecindo Vega, quien en un programa de la televisión por cable dijo el fin de semana que no le parecía mala idea que el Congreso dicte una ley de amnistía a favor de todos los implicados en casos de violaciones a los derechos humanos, incluidos los que se encuentran cumpliendo actualmente condena por esos crímenes.
La propuesta del Ministro Vega es, por supuesto, inviable pero no sólo desde el punto de vista jurídico, sino moral y ético. No tiene ningún sentido amnistiar a quienes cometieron crímenes contra los derechos humanos si no existe una justificación valedera para ello. La cual, por cierto, no parece razonable que exista.
Además, no se puede aspirar a la paz sobre la base de la impunidad. El perdón no expía los pecados y lo que se hizo con una mano no se puede cubrir, sin más, con la otra. El perdón, incluso desde una concepción cristiana, se construye sobre la base de la reconciliación que implica expiar las culpas que se cometieron en el pasado y que, en un lenguaje laico, se traduce en pagar por esas culpas hasta estar en condiciones de acceder a un perdón sincero.
Pero si ya esta propuesta, desde el punto de vista moral, es cuestionable, desde el punto de vista jurídico es simplemente impresentable. La Corte Interamericana ha señalado, como lo recordó hace un par de días José Godoy, que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser objeto de ningún tipo de amnistía o indulto. De la misma manera el Tribunal Constitucional siguiendo la doctrina de la Corte ha arribado a una conclusión semejante señalando que el Estado tiene además del deber de perseguir este tipo de crímenes, garantizar la defensa de los derechos humanos.
Así las cosas, no resulta descabellado pensar que quizá la propuesta del Ministro Rudecindo Vega no fue sino sólo un tiro al aire y lo que en realidad estaba buscando era desviar la atención de otros temas que a diferencia de éste no dan tanta risa.
