¿Por qué no puede decidir el pueblo?
by heberjoel
La medida anunciada por el Primer Ministro Griego, Giorgios Papandreu, de celebrar un referéndum para decidir si Grecia acepta el plan de rescate económico ofrecido por la Unión Europea ha erizado los pelos de mucha gente, no tanto porque la propuesta de Papandreu sea ilegitima, como porque les resulta descabellada. En efecto, muchos de sus críticos han comentado que se trata de una tremenda irresponsabilidad e, incluso, el líder de la oposición griega, Antonis Samaras, ha pedido la dimisión del Primer Ministro y ha ofrecido un gobierno de emergencia que dure 6 semanas antes de convocar a nuevas elecciones.
Sin ánimo de entrar a discutir si el plan financiero es idóneo o no, me interesa plantear aquí más bien una cuestión que se discute muy poco en nuestro medio académico: ¿hasta dónde se puede llegar con el referéndum? A muchos la propuesta de Papandreu, por ejemplo, les parece un desastre. Sostienen que si acaso el pueblo griego votara por la viabilidad de esa propuesta, mayoritariamente diría que no y con ello se atentaría no sólo contra la economía de Grecia sino del mundo entero. Pero ¿cuán cierto es esto? ¿Por qué unos pocos “especialistas” estarían en mejor pie para decidir si una decisión es más idónea que otra, en lugar del pueblo a quien esa decisión, buena o mala, afectará necesariamente? ¿En qué argumento filosófico o normativo se basan estos críticos para señalar, sin el menor empacho, que el referéndum no puede ser un medio para decidir este tipo de temas porque son “altamente” sensibles?
Cuando hacemos este tipo de preguntas entramos en un terreno pantanoso. Si, por un lado, aceptamos que el referéndum es un medio de participación ciudadana legitimo ¿por qué, por el otro, lo acotamos de tal forma que sólo sirve para temas que no son realmente gravitantes para la vida de las personas? Talvez la respuesta se halle en el sesgo ideológico según el cual si el pueblo tuviera la oportunidad de decidir este tipo de asuntos lo haría pensando en su interés personal y no en el interés colectivo trayendo como resultado no sólo el descalabro de la economía sino la perversión absoluta del sistema político. Ahora bien, ¿no es acaso verdad, sin embargo, que quienes toman las decisiones también actúan ideológicamente y no es acaso verdad también que quienes tomas las decisiones a menudo se equivocan? Si es así, entonces, ¿en qué se basa que sean estas personas y no el pueblo mismo quien tome sus propias decisiones?
La discusión se torna más compleja aún cuando advertimos que las decisiones tomadas por los “técnicos”, por lo general, responden a intereses que no son, precisamente, los de las mayorías sino los de quienes los designaron en esos puestos, o cuando advertimos que sus decisiones no son sometidas a ningún escrutinio, todo lo contrario, si se equivocan se marchan protegidos por la aureola que les da ser “técnicos”, mientras que los demás, es decir la inmensa mayoría, tiene que soportar en silencio las consecuencias de sus malas decisiones.
El fundamento por el cual el referéndum no procede en casos donde se discuten finanzas públicas, impuestos, etc, etc, es, se dice, porque son temas tan, pero tan valiosos que si fueran sometidos a la voluntad del pueblo llevarían a resultados desdorosos. La alternativa frente a ello es que esas decisiones sean adoptadas por especialistas o políticos que, esta es la parte que no se dice, adolecen, en el fondo, de los mismos defectos de que adolece el pueblo: pasiones, sesgo ideológico, prejuicios, etc, etc. Siendo así ¿por qué aquellos y no nosotros, entonces, deben decidir sobre lo que nos incumbe a todos?
La respuesta según la cual los temas más sensibles para la vida pública de un país no pueden ser sometidos a la voluntad popular es una mala respuesta porque confunde dos aspectos que no están, en lo absoluto, relacionados. Que se tomen malas decisiones no depende de quién tome las decisiones sino de cómo se tomen estas. Lo mismo puede tomar una mala decisión un grupo de sesudos especialistas –la crisis financiera internacional así lo demuestra- que el pueblo organizado. El problema no es ese. El problema radica en cómo se arribó a esa decisión. Si se arribó a ella de una manera “cuasi” esotérica, desde las oficinas de un ministro que se reúne con sus 4 o 5 aliados es indudable que esa decisión tendrá más visos de ser un desastre que una decisión que ha sido adoptada en el marco de un proceso deliberativo más amplio; de la misma forma, una decisión que es adoptada en el calor de una manifestación popular, por la presión de líderes demagógicos o populistas, sin el tiempo necesario para la reflexión y el debate público está más cerca de ser una mala decisión que una que es adoptada mediante un debate apasionado pero robusto donde todos los puntos de vista son tomados en cuenta.
Ahora bien, el derecho no está atado de manos en este proceso. El derecho puede contribuir ya sea a que se tomen buenas decisiones o malas decisiones. Si se parte de la premisa de que el pueblo, per se, siempre se equivoca es evidente que no hará nada por controlar las pésimas decisiones que adopten una camarilla de iluminados, pero si, a la vez, parte de la premisa de que el pueblo nunca se equivoca en poco tiempo no habría ni constitución ni Estado. El derecho debería enfocar su atención en la forma cómo se adoptan las decisiones y debería garantizar al menos lo siguiente: i) que haya una discusión amplia y robusta, ii) que tanto las mayorías como las minorías puedan participar de ella, y iii) que sea cual sea el desenlace de esa discusión este basado en razones y no en la mera presunción de la infalibilidad. Si podemos pensar en un mecanismo de referéndum que garantice esos tres elementos señalar qué puede o qué no puede aprobar el pueblo terminara siendo algo totalmente irrelevante.
