Libertad de expresión y principio de proporcionalidad: el caso del diario El Universo

Esta semana llamó la atención el pedido de asilo del, hasta entonces, director del diario El Universo de Ecuador, Carlos Pérez, por ser objeto de una persecución y una cacería de brujas orquestada por el Presidente Rafael Correa en su contra. El motivo de su solicitud se debe a la sentencia que hace unos días dictó la Corte Nacional de Justicia del Ecuador confirmando la pena de 3 años de cárcel y el pago de más de 40 millones de dólares que dictó una Corte de primera instancia por haber supuestamente difamado e injuriado al Presidente Rafael Correa.

La historia de este entuerto comienza más o menos así: el año 2011 el periodista Emilio Palacio publicó una columna en El Universo en la que sostuvo: ““El dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”. Esas palabras bastaron para que el Poder Judicial condenara a Palacio y al diario El Universo a 3 de años de cárcel y al pago de una indemnización millonaria, motivando un problema, primero, político (¿es tolerable una medida de este tipo en una democracia liberal?) y segundo, jurídico, pues al parecer esta sentencia no sólo atentaría contra el derecho a la libertad de expresión y de prensa, sino que sería, además, desproporcionadamente, injusta.

No deseo ocuparme del problema político, para ello recomiendo la excelente columna de Mario Vargas Llosa (“El honor del mandatario”) publicada por el diario El País este domingo, pero sí del problema jurídico: ¿En verdad la sentencia contra los directivos del diario El Universo y el periodista Emilio Palacio atenta contra el derecho a la libertad de expresión y de prensa y es desproporcionada?

1) ¿La sentencia contra los directivos del diario El Universo y el periodista Emilio Palacio atenta contra el derecho a la libertad de expresión y de prensa?

Sí, sí atenta contra estos derechos por dos motivos: porque en la práctica significa la desaparición de este diario y porque, más allá de que el periodista Emilio Palacio haya cometido un error, la sanción contra el delito de difamación y de injuria no puede suponer, en la práctica, una censura contra otros periodistas y medios de comunicación del Ecuador. El Presidente Correa ha confesado que eso a él le tiene sin cuidado. A fin de cuentas si alguien ha cometido un delito debe pagar por ello. Damos por descontado que el delito de difamación e injuria se cometió. Todo indica que el periodista Emilio Palacio no pudo probar que el Presidente Correa dijo lo que dice que dijo (aunque el escritor Antonio Valencia hace una importante precisión cuando dice que el párrafo en cuestión presenta los infinitivos “habría” y “´podría” que relativizan la contundencia de esa afirmación). Pero que se haya cometido un delito de difamación no convierte, de inmediato, a esta sentencia en justa. Antes debería de cumplir con algunos requisitos. El primero de ellos que esté debidamente fundamentada. Al parecer no hay ningún argumento contundente que permita demostrar que la indemnización de 42 millones de dólares era el medio más idóneo para desfacer el daño infligido. Al contrario, la sentencia omite este punto o lo escamotea en frases retóricas y sin mayor fundamento jurídico. Además, y en esto reside lo más grave, la sentencia no presta atención al impacto que tendría en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de prensa en el Ecuador. Si el día de mañana un periodista tuviera una información bastante contundente sobre malos manejos en el gobierno se lo pensaría dos veces antes de publicarla pues podría ser, por ejemplo, que por no poder identificar a su fuente un juez podría condenarlo y obligarlo, no sólo a él sino al medio de comunicación para el que trabaja, a pagar una indemnización millonaria.

2) ¿La sentencia contra los directivos del diario El Universo y el periodista Emilio Palacio es desproporcionada?

Sí, sí lo es porque, como señale hace un momento, el juez no demuestra la relación entres esos 42 millones de dólares y el daño moral contra el Presidente Correa y, además, por algo más obvio, porque existían muchas otra formas menos lesivas del derecho a la libertad de expresión y de prensa que aquella por la que finalmente optó la corte que resolvió el caso en primera instancia. Una medida menos lesiva hubiera sido, por ejemplo, que se reconozca al Presidente Correa el derecho de rectificación. Correa hubiera podido escribir un artículo con las mismas características que aquel que atentó contra su derecho al honor. La corte también pudo dictaminar que el diario El Universo haga una rectificación a titulo propio en el que indique lo que, a estas alturas, resulta obvio, que el periodista Emilio Palacio difamó al Presidente Correa  y que un medio que se precia de ser responsable e independiente debe estar en condiciones de garantizar que las informaciones que difunde son verdaderas, o sino no son. En el peor de los casos, y sólo si el Presidente Correa hubiera demostrado el daño moral que esta publicación le causó, que en el caso de los funcionario públicos, como lo señala la jurisprudencia de la CIDH, se relativiza, el juez hubiera podido ordenar el pago de una indemnización pecuniaria pero cuidando que ésta no envié el mensaje equivoco de que cualquier publicación podría ser censurada sólo por referirse al gobierno o por criticar al Presidente.

Ser o no ser, e ahí el dilema

Se veía venir, así como se ve venir la respuesta de la PUCP, es decir no aceptar las recomendaciones del Vaticano. Nótese, sin embargo, que en su comunicado la Iglesia ha sido bastante sibilina para no señalar, claramente, que pasaría si la Universidad no acepta su pedido. Dudo mucho que pase lo que muchos dicen, o sea, que la Universidad pierda sus títulos de Pontificia y Católica y etc., etc., y si así fuera quien perdería más sería la Iglesia y no la Universidad. La PUCP ha alcanzado el sitial que ocupa no por ser Pontificia y Católica sino por ser una Universidad con los mejores estudiantes y profesores del país.

El problema que surge, sin embargo, es qué pasará con la orientación de la Universidad de ahora en adelante. ¿Debería seguir siendo una Universidad laica inspirada en los valores de la iglesia? O, ¿Debería convertirse en una universidad  solamente laica, dejando de lado cualquier compromiso o relación con la iglesia? Mi posición es que la Universidad no debe cambiar, un ápice, su orientación laica  inspirada en los valores de la iglesia por la sencilla razón de que esa orientación es la que, precisamente, le ha permitido cultivar los principios que la han convertido en la gran institución que es, es decir, la tolerancia, el pluralismo y la ética cristiana. Una universidad para ser laica no necesita abjurar de cualquier credo, de la misma forma que una universidad para ser cristiana no necesita abjurar, como desean algunos extremistas, del debate libre de ideas y el pluralismo ideológico.

Yo me forme en la PUCP y actualmente enseño en sus aulas y en todos estos años no he sentido ni he visto la más mínima influencia de la Iglesia en las materias que me impartieron mis profesores ni en las que yo mismo imparto en mis cursos. Eso no quiere decir, obviamente, que la iglesia no haya estado presente en la PUCP, lo estuvo a través del Centro de Asesoría Pastoral Universitaria, a través de su departamento de teología y a través de la generosa amistad de curas y sacerdotes que supieron, cuando fue necesario, orientarme (asi como a  muchos compañeros mios) en las dudas que abrigaba sobre la fe, la importancia de la religión y el papel que ambas tienen en nuestras vidas. ¿Es posible convivir entonces con la  fe y el laicismo al mismo tiempo? Sí, sí lo es, y en sus más de 90 años la PUCP lo ha demostrado, siendo por ello, como lo es hoy, una gran universidad y uno de los pocos espacios donde todavía se puede pensar, con libertad y entusiasmo, el Perú y su futuro.

¿Separarnos de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

A propósito de las recientes denuncias planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) contra el Estado peruano se han levantado algunos voces que proponen que “nos” retiremos de la competencia contenciosa del Pacto de San José (en adelante el Pacto) en atención a una serie de argumentos que van desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CintDH) se halla muy ideologizada hasta que, como lo ha señalado el día de hoy el profesor y Decano de la Facultad de Derecho de la UPC, José Luis Sardón, sus jueces provienen de países que no están sujetos a sus decisiones.

No comparto esa posición y pienso que si hiciéramos eco de ellas no sólo el Perú perdería un foro que, en los últimos años, ha sido importantísimo para la consolidación de la democracia, sino que, además, abriría la puerta a que, como en el pasado, se cometan los peores abusos contra los derechos humanos de miles de compatriotas.

Mi primer argumento para ello consiste en señalar que, a diferencia de lo que sostienen los críticos de la CintDH, sus sentencias no han sido ni desproporcionadas, ni injustas, desde un punto de vista jurídico, con el Perú. Al contrario, en muchos casos fue el propio Estado peruano el que se allanó a las acusaciones de la CIDH debido, entre otras cosas, a que las violaciones de derechos humanos en que habría incurrido  habían sido tan evidentes que por más que lo intentara no hubiera podido negarlas. Asimismo, las decisiones emitidas por la CintDH en los últimos años han contribuido al fortalecimiento de las instituciones en el Perú. Recuérdese sino las sentencias que emitió la CintDH en temas tan sensibles como la ratificación de magistrados a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, o el régimen previsional en el caso 5 pensionistas.

No hay que confundir, por otro lado, la actuación de la CIDH con la actuación de la CintDH. Son dos órganos distintos. El primero acusa y el segundo decide. Puede ser el caso que la CIDH acuse a un Estado por un tema “X” y la CintDH absuelva a ese Estado por ese tema “X”. La CintDH no está obligada a sancionar a un Estado sólo porque la CIDH lo acusó ante la CintDH. Piénsese sino en el famoso caso Las Palmeras contra Colombia, donde la CintDH no sólo acogió las dos excepciones preliminares propuestas por el Estado colombiano, sino que desarrolló, además, una jurisprudencia contraria a una opinión consultiva de la CIDH sobre ese mismo tema.

Finalmente, ¿a quién le conviene que el Perú se retire de la competencia contenciosa de la CintDH? ¿Al Perú? Lo dudo. La experiencia indica que la actividad de la CintDH en lo que se refiere a nuestro país ha sido bastante positiva, y que sus decisiones, salvo alguna discrepancia concreta, como el caso, por ejemplo, del voto singular del Juez Cancado Trindade en el Caso El Frontón, han sido razonables y ponderadas. Podemos discutir en cuanto a los alcances de una determinada decisión de la Corte, pero de ahí a sostener que se trata de un tribunal ideologizado, solo porque sus sentencias se basan en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y no en la dogmática tradicional, me parece, por decir lo menos, un tanto exagerado.

Intolerancia y pensamiento único: un combo indigesto

El revuelo generado por el post que publicó el escritor peruano Ivan Thays en su Blog Vano Oficio del Diario El País de España, no sólo debería servir como un pretexto para discutir acerca de cuáles son los límites de la libertad de expresión, sino también para discutir acerca de la importancia de la tolerancia y porque, ¡por Dios!, amar al Perú no significa amar todo lo que se produce en sus tierras.

Las declaraciones de Thays fueron solo eso: las declaraciones de Thays, que a nadie le deberían de importar, pues lo que cree Thays (o lo que no cree Thays) no es un asunto de interés público. Condenar a alguien por lo que cree o, peor aún, por lo que no cree, es patético y totalitario. Es patético porque nos pone frente al embarazoso trance de justificar el por qué de nuestra aversión al pensamiento ajeno que, además, no hace parte del discurso público, con lo cual terminamos diciendo cosas tan absurdas como que: no se puede criticar al Perú en el extranjero, los trapos sucios se lavan en casa, un peruano está obligado a hablar bien de su país, etc., etc.; y es totalitario porque significa que si alguien no piensa como la mayoría, ese alguien puede ser linchado, literalmente, por una horda boba que no cae en cuenta de que en una democracia las mayorías no pueden abusar de su poder, incluso de su poder moral, en perjuicio de las minorías.

Hay quienes han tratado de matizar el tema diciendo que en realidad la crítica contra Thays es porque dio sus declaraciones en un país extranjero (sic) y no en el Perú y que no era conveniente ni oportuno que lo haga pues en este momento el Perú vive un boom gastronómico que beneficia a miles de peruanos y peruanas que dependen económicamente de ello. Discrepo. Cuando uno emite una opinión no lo hace movido por criterios de oportunidad o conveniencia, sino por sus propias convicciones, por lo que considera que esta bien o mal y que, por cierto, puede resultar errado, pero que a nadie, salvo al dueño de esa opinión, le debe importar. Puede haber un problema, en todo caso, cuando esa opinión es ofensiva, o difamatoria o falaz. No veo nada de eso en el texto de Thays, el cual, valgan verdades, dice no sólo una gran verdad: que la comida peruana, no toda, pero si una gran parte, es poco saludable, sino que la misma ya había sido dicha antes por otras reconocidas personalidades como el periodista Cesar Hildebrandt o la nutricionista Milagros Agurto. Hasta donde sé ellos no han sido víctimas todavía de ningún Fuente Ovejuna.

Una sociedad que basa sus afectos y sus fobias en lo que aparece en los periódicos es una sociedad que tiene un serio y grave problema. El problema de no saber distinguir entre la demagogia barata y la tolerancia. ¿Por qué si no, no nos indignamos con la misma energía frente a los abusos de nuestros representantes, o frente a la arbitrariedad, o frente a la corrupción que se presenta a diario y de la cual, guste o no, todos participamos un poco? No, frente a eso hay un silencio absoluto. Tiene que aparecer una noticia en El Popular, o en El Trome para que pum de inmediato vayamos detrás del atrevido, del desubicado que ha osado decir algo en contra de uno de nuestros tesoros más preciados: la comida peruana. Mientras tanto se siguen cometiendo los mismos abusos y las mismas arbitrariedades ante las que no se nos ocurre sino una tolerante y generosa sonrisa de disculpa.