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El comienzo del fin

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Colombia es, despues del Perú, el país que más quiero en el mundo. Mi esposa y mi hija tienen la nacionalidad colombiana. Por ese motivo me parece una excelente noticia que, tras mas de 50 años, el día de hoy se haya acordado el fin de las hostilidades entre el Estado y las FARC, la guerrilla más sanguinaria y duradera de ese país.

Se trata, sin duda, de un acuerdo perfectible pero que, dadas las condiciones actuales, resulta, por mucho, infinitamente mejor que continuar con el conflicto armado.

Conozco amigos y familiares que estan en contra del acuerdo -ojo, no en contra de la paz, sino en contra de los términos puntuales del acuerdo-, pero creo que, con el paso del tiempo, irán cambiando de opinión. La paz le ofrece a Colombia grandes beneficios, entre los que, por mencionar solo dos, se encuentran:

a) reducir el número de muertos y heridos a causa de la violencia interna, y

b) reducir la inversión del Estado en gasto militar, para, a partir de ahora, destinarlo a cosas más importantes como la educación o la salud pública.

¿Significa esto que de ahora en adelante no habrá más violencia en Colombia? No, en lo absoluto. Pero al menos se ha dado un gran paso que hará posible que, en el corto y mediano plazo, se mejore la calidad de vida de tantos colombianos victimas de la guerra y se rompa de una vez por todas con el paradigma de que la violencia es un camino inevitable para la utopia social y política.

Gran día para mis amigos y mi familia colombiana.

Brexit

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El populismo funciona igual en todas partes. Ayer Nigel Farage, el lider del partido independentista, argumentaba a favor del Brexit diciendo: “La UE ha sido buena solo para los ricos, para las grandes empresas, para los grandes intereses, no para todos, y mucho menos para los mas pobres”.

En el 2010 viví durante algunos meses en Londrés y la impresión que me dejó esa experiencia es que un país tan cosmopolita, tan diverso como Inglaterra debía ser el ideal de cualquier nación civilizada. Un país donde las instituciones funcionan y donde la ley se cumple. Y mas importante aun donde los políticos rinden cuentas y se les mide por su contribución al interés público y no a meros intereses egoistas o particulares.

Despues, claro, ganaron los conservadores y la crisis económica se agudizó. El año pasado se hizo el referendum para establecer si Escocia debia ser independiente y ayer para establecer si se aprobaba el Brexit. El referendum sobre Escocia fue favorable al Reino Unido pero el Brexit no. Una pena, realmente, porque al margen de que UK siempre ha sido un vecino especial en la UE estaba, de verdad, comprometido con el proyecto de unidad europeo.

El gran problema con la decisión de ayer no es, pues, que UK se haya ido, sino cuantos otros países más, asuzados por el nacionalismo y la xenofobia, tomaran la misma decisión. Una pena, pues, porque si acaso algo podemos rescatar de Europa es que la unidad y la integración de los pueblos es también un camino, un paso obligado, al desarrollo.

Los jueces no crean derecho y la sentencia del caso Nadine Heredia

Entre las muchas críticas que ha generado la sentencia del TC sobre el caso de Nadine Heredia (NH) destaca una que señala que los jueces no deben legislar. Según esta, los jueces son, ante todo, delegados del poder constituido que tienen como tarea principal interpretar y aplicar las normas creadas por el Congreso. Los jueces, pues, según este punto de vista no estan habilitados para crear derecho, sino, simplemente, para aplicarlo a los casos concretos.

La discrepancia surge porque, a decir de algunos críticos, el TC se excedió en sus funciones al pronunciarse sobre el recurso de agravio constitucional interpuesto por la fiscalia contra el habeas corpus que le dio la razón a NH en la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos. El argumento en cuestión señala que el artículo 202 de la constitución prevé que el recurso de agravio constitucional procede solo contra las sentencias denegatorias de habeas corpus y no contra las estimatorias cuando las plantea el demandado.

Al respecto, tengo dos comentarios que hacer. El primero, que los jueces cuando interpretan la Constitución no le deben adhesión a su texto expreso, sino a los significados que razonablemente se desprenden de él. Los jueces no interpretan las normas guiados por su tenor literal, sino por su significado acorde a los principios y valores que dotan de sentido al sistema jurídico.

Es probable que algunos digan, sin embargo, que dicho significado no necesariamente es claro o incontrovertible, pero el rol del juez no es obviar ello a traves de la presunta neutralidad que otorga la interpretación literal, sino enfrentar este hecho del desacuerdo mediante razones que puedan ser leidas en función del ideal normativo que concretizan.

Luego, el problema con esta sentencia del TC, a mi modo de ver, no reside en que este Colegiado haya optado por una interpretación creativa del derecho, sino en que optó por una mala interpretación a secas. Y lo hizo, precisamente, por lo que mencionabamos arriba: porque su lectura de los principios y valores constitucionales implicados en este caso (puntualmente, en lo que respecta a la procedencia del recurso de agravio constitucional) no es satisfactoria. El TC no puede, so pretexto de contribuir a la lucha contra el crimen organizado, soslayar la protección de un derecho. En una democracia constitucional una directriz no pesa más que un derecho.

El precedente en tres actos

El precedente huatuco tiene varios problemas. Sin hacer mucho esfuerzo es posible identificar dos de ellos. El primero, que no es consistente con la jurisprudencia anterior del TC, el otro que opta por una directriz en lugar de un principio.

El precedente que consagró nuevos criterios para la interposición del recurso de agravio constitucional tiene varios problemas. El principal de ellos, que consagra, informalmente, la figura del certiorari en nuestro sistema jurídico. Este a diferencia del anterior, sin embargo, no es tan grave.

El precedente que cambió, a su vez, el precedente Yarleque que establecía que los tribunales administrativos pueden realizar el control difuso tiene (solo) defectos. El más grave: reducir el marco de protección del principio de primacia de la Constitución, el menos grave: menoscabar la figura del overruling.

¿cómo se llama la obra?

Ausencia de una práctica constitucional.

Axel Kayser y la tirania del discurso contra la igualdad

A próposito del libro recien publicado del enfant terrible de la derecha chilena: Axel Kayser, por aquí le responden  sobre su obsesión de poner a Alexis Sanchez como ejemplo de lo que una sociedad libertaria puede hacer por el potencial de los superdotados.

Este extracto es notable:

“Cuando no hay educación de calidad para los más desfavorecidos (Alexis puede dar fe de ello) y se vive en una sociedad profundamente clasista, tanto que hasta falsos intelectuales trasnochados alegan hasta contra la igualdad de oportunidades, la pelota puede ser uno de los pocos caminos para salir del barro. En la cancha los apellidos, los contactos, las amistades o el colegio donde estudiaste no valen. Seas plebeyo o Kaiser, debes correr.”

Aquí el enlace de la nota:

http://chile.as.com/chile/2015/09/22/opinion/1442875790_532905.html

Anecdotas aparte ojala llegue pronto a Lima el último libro de Kayser titulado sugerentemente: “La tiranía de la igualdad”. Vale la pena sobre todo porque permite hacer lista de inventario de todas las falacias que la derecha más dura suele hacer contra la democracia, en general, y contra el igualitarismo en particular. Y tiene la ventaja además de que se trata de un texto que aborda estos lugares comunes no desde la mirada del esceptico o el critico, sino de la del acolito y el convencido. Gran testimonio sobre los prejuicios del libertarismo a la latinoamericana. Muy bien escrito además.

12 Cibero y Derecho Procesal Constitucional

El 12 Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional celebrado en la Universidad del Externado de Colombia acaba de concluir. En terminos generales podemos decir que la organización estuvo impecable y que asistieron brillantes y destacadas figuras del derecho constitucional como Vicky Jackson, Ruti Teitel, Roberto Gargarella, Pedro Salazar  o Luiggi Ferrajoli, entre otros. Las mesas de trabajo -mas de 50- tambien estuvieron muy bien. Nosotros participamos en una referida a la creación judicial donde hablamos sobre el constitucionalismo dialógico y la tensión entre derechos y democracia.

Pero lo que quisieramos resaltar ahora son 2 aspectos que nos llamaron la atención de este importante encuentro: a) la adhesión del constitucionalismo iberoamericano con el constitucionalismo de los derechos y b) la franca retirada del procesalismo constitucional del horizonte jurídico de nuestra región.

Haremos ahora un breve comentario sobre cada uno de estos puntos.

Es de sobra conocido que en el debate iusteórico actual existen dos corrientes o tradiciones que se contraponen, la del constitucionalismo de los derechos y la del constitucionalismo político. El primero plantea que son los derechos la piedra de toque del estado y que son los jueces los llamados a establecer su alcance. La segunda, en cambio, sugiere que si bien los derechos son el marco de referencia de la actuación del estado su contenido no debe (ni puede) ser determinado por los jueces, sino por la política (por los políticos). Ambas tradiciones poseen destacados exponentes en la región. A favor del constitucionalismo de los derechos se hallan, por ejemplo, autores como Carlos Bernal o Miguel Carbonell, mientras que a favor del constitucionalismo político se encuentran, aunque con matices, autores como Roberto Gargarella y Juan Carlos Bayón. El que la charla de clausura de este evento la haya dado Luiggi Ferrajoli, un representante destacadisimo del constitucionalismo de los derechos, refleja, a nuestro modo de ver, las preferencias de la mayoría de juristas de la región con esta tradición. Talvez, claro, se puede tratar de una sobresimplificación exagerada, pero creemos que marca una tendencia. En Iberoamerica la partida, al menos ideológica, la viene ganando hace tiempo, y con ventaja, el constitucionalismo de los derechos.

Ahora bien, mucho se habla en nuestro país sobre las bondades del derecho procesal constitucional pero resulta que, al menos en este congreso, no se escuchó ni un susurro de aquel. ¿A qué se habrá debido? En nuestra opinión a la nula influencia que esta forma de abordar los conflictos constitucionales posee allende nuestras fronteras. Los constitucionalistas más interesantes de iberoamerica no tienen, pues, entre sus prioridades investigativas, al derecho procesal constitucional. La premisa que se desprende, entre lineas, de esta constatación práctica es que el procesalismo constitucional no quedará y será marginado, cada vez más, a una nota a pie de página del debate iusconstitucional iberoamericano. Felizmente.

En suma, el congreso iberoamericano de derecho constitucional nos deja, sobre todo, 2 enseñanzas: que el constitucionalismo de los derechos sigue siendo el más representativo de la región, y que el procesalismo constitucional ha fracasado en su afán por recrear la realidad del derecho en nuestros países.

La política en la encrucijada

Algo debe estar andando muy mal para que los peruanos sintamos como un deja vu los acontecimientos sucedidos en los últimos días. Hagamos un breve recuento de ellos. Esta, por un lado, el operativo que permitió “descubrir” que en Lima operaba una banda de traficantes de armas encargada de proveer de estas a los más avezados delincuentes de la capital. Lo anecdótico del caso es que la casa donde se encontraron estas armas es la misma donde estuvo ubicada hace apenas unos meses un local partidario de Fuerza 2011. Por el otro, esta el despido intempestivo de canal 4 de la periodista Milagros Leyva por, supuestamente, haberle entregado 30 mil dolares al profugo de la justicia Martin Belaunde. Por último, esta la captura de Gerald Oropeza el día de ayer en Salinas, Ecuador tras seis meses de búsqueda, se supone, en todo el país.

¿Qué de raro tienen estos hechos? En principio, nada. Es normal que la policia haga su trabajo y que los medios sancionen las faltas éticas de sus empleados. Sin embargo, hay quienes pensamos que las cosas no son tan claras como parecen. Para empezar ¿no es extraño que todos estos hechos hayan coincidido con la investigación seguida contra la primera dama por el penoso asunto de sus agendas?, luego ¿no es extraño, además, que todos estos hechos, a su modo y con impactos diversos, hayan contribuido a distraer la atención de los medios y, por ende, de la ciudanía de aquel hecho principal?

Talvez sea, en efecto, eso, una rara coincidencia, pero talvez no, y en ese caso deberiamos ser muy concientes de sus implicancias. A mi modo de ver, de ser lo segundo significaría cuanto menos lo siguiente: que nos estamos sumiendo en una política de chismes y sospechas indiscriminada y que ello afectará, sensiblemente, el desempeño del gobierno, y por tanto del país, en lo venidero.

Quedan escasos 3 meses para que empiece la campaña presidencial, y a estas alturas no tenemos claro quienes serán los candidatos ni cuales serán sus propuestas. Lo único que tenemos son opiniones banales sobre temas que, en otras circunstancias, no merecerían mayor atención. Ello, sin duda, atenta contra lo que la política debe ser y contra lo que el país en este momento requiere. ¿Eso significa que no debemos hablar de estos escandalos? No, significa que debemos darle el lugar que merecen y no centrarnos en ellos cuando afrontamos una crisis económica y política y el futuro no parece auspicioso.