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Debate sobre el indulto

 El debate sobre la potestad presidencial del indulto ha llegado a niveles inusitados. El día de hoy por ejemplo el abogado Carlos Chipoco publicó en el Diario Correo un artículo donde defiende esta facultad y donde, sin ningún pudor, sostiene que ésta es ilimitada, incuestionable y absoluta. Para mayores señas aquí un fragmento del artículo:

En el Perú, el indulto es una facultad presidencial absoluta. Esto quiere decir que el Presidente de la República ha sido investido del poder de perdonar el cumplimiento de la pena, a su criterio. Ni siquiera el procedimiento por el cual el Mandatario decide necesita ser regulado. Ello sucede a diferencia de otros países. España establece en su Constitucion que el indulto del Rey se hará “con arreglo a ley”. Allá, a diferencia del Perú, la ley reglamenta el derecho al indulto. En el Perú no existe esa limitación; la facultad de perdón del Presidente es un privilegio “in pectore”. Le pertenece al Presidente, es opinable como todo en una democracia, pero no inaceptable.

Para quienes no están muy familiarizados con el derecho los argumentos de Chipoco les pueden parecer reprobables de un punto de vista moral, pero válidos de un punto de vista jurídico. Por lo que considero necesario señalar en que falla el razonamiento sibilino de Chipoco, y porque, en una democracia, es necesario reivindicar la tesis de que no existen los poderes ilimitados, aún cuando así parezca de una lectura desprevenida de la Constitución.

 

Un primer punto a tomar en cuenta es que el Presidente no posee facultades absolutas. Su límite es la defensa de los derechos fundamentales –no por nada el artículo 1 de la Constitución señala que la dignidad humana es el fin último del Estado-. Tales facultades si bien pueden ser discrecionales deben ser armónicas con el principio democrático que en su versión más prístina significa garantizar los derechos a la igualdad y a la libertad.

 

Un segundo punto a tomar en cuenta es que la Constitución no se puede interpretar de forma aislada. Si ello fuera así llegaríamos al absurdo de aplicar la pena de muerte, como reza un artículo explicito de la Constitución de 1993, por el delito de terrorismo, cuando bien sabemos que ello se halla expresamente prohibido por la Convención Americana de Derechos Humanos, a la cual el Perú se halla adscrito, y que según la Cuarta Disposición Final y Transitoria es de obligatorio cumplimiento cuando se interpreta el contenido de los derechos fundamentales.

 

Chipoco además omite decirnos que si su argumento fuera correcto el Presidente podría, por caso, indultar a Abimael Guzman, o a Victor Polay, o, quizá a ello apuntan sus argumentos, a Alberto Fujimori. El Presidente no es un rey, y en un Estado Constitucional de derecho no hay poderes in pectore. Una democracia constitucional se basa en el equilibrio de poderes y en la participación ciudadana.

A Chipoco no lo convencen estos argumentos, por ello agrega:

Si la Constitución no establece un límite a la facultad de indulto, no existen límites a ella que no emanen de la propia Constitución. Es decir, sólo un indulto inconstitucional podría ser cuestionado y ser nulo, por ejemplo un indulto realizado por el Congreso o por otra autoridad que no sea el Presidente. Así, no le podemos poner condiciones ni requisitos a la decisión del jefe de Estado; si lo hiciéramos, alteraríamos el régimen presidencial y por supuesto todo el equilibrio constitucional que nuestra democracia quiere crear. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo con uno u otro indulto. Lo que defendemos es la aplicación de la Constitución y un derecho que le concedimos al jefe de Estado al elegirlo Presidente de todos los peruanos. Poco tiene que ver con Alan García; es un derecho que en su momento ejercieron -de esa forma- todos los ex presidentes del Perú. Podemos estar en desacuerdo con uno u otro indulto, por las razones que fueren, el tipo de delito, el tiempo pasado, la falta de arrepentimiento, etc.

Pésimo argumento el de Chipoco porque nos hace recordar la Constitución procedimental que en su día, pensaban los positivistas, era la mejor estrategia para regular las competencias constitucionales al interior del Estado. Lamentamos decirle a Chipoco que nuestra Constitución no es sólo procedimental sino, y fundamentalmente, material, esto es, posee un catalogo de derechos fundamentales a cuya defensa se atañe el Estado.

Un tercer y último punto a tomar en cuenta es que la interpretación de la Constitución no puede ser originalista. Chipoco, no obstante, incurre en este error cuando sostiene:

(…) en el Perú el indulto no está limitado por ninguna ley; es un derecho absoluto y personal del Presidente, cuyo único límite es la propia Constitución. ¿Por qué se creó la facultad de indulto? Para equilibrar poderes, para que el Poder Judicial conociera que su capacidad no es divina sino que está sometida a la opinión de otros poderes. Y para corregir errores. El ser humano se equivoca y la facultad de indultar abre el camino a corregir el error.

El originalismo consiste, a grosso modo, en interpretar la Constitución tal y como lo hicieron sus artífices. Según Chipoco el indulto fue concebido como una facultad absoluta porque de esa forma se garantiza el equilibrio de poderes. Esta lectura que no sólo es cuestionable (y ligera) es el mejor ejemplo de por qué el originalismo es un método de interpretación absurdo. ¿Cómo saber que pensaron los constituyentes?, ¿Cómo meternos en su cabeza y descubrir de manera exacta en que estaban pensando? Es posible intuir que intenciones tenían pero en ningún caso que pensaban o a que intereses favorecían. No hay que olvidar además que los artículos de la Constitución se aprobaban luego de intensas deliberaciones donde el tenor original de un artículo era desdibujado al punto de parecerse muy poco a como fue propuesto. Pero Chipoco dice que él sí sabía que pensaban los Constituyentes… si claro.

El artículo de Chipoco es un manual perfecto de cómo no se debe interpretar la Constitución. No digo que mi lectura del indulto sea la más adecuada, digo simplemente que la suya no es una forma plausible de interpretar la Constitución. Chipoco nos quiere convencer de una tesis polémica pero a través de argumentos supinos. Nos quiere convencer de que el Presidente puede hacer lo que quiera, incluso, talvez, indultar a alguien que el sábado pasado fue condenado a 25 años. Ojala sólo se trate de un pésimo artículo.