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Mesa Directiva

Foto : El Comercio

El día de hoy se eligió la nueva mesa directiva del Congreso. Dos cosas me llaman la atención de este hecho:

1) que muchos -incluso politicos influyentes y periodistas destacados- piensan que se trató de un hecho baladí, que no reviste ninguna importancia dadas las circunstancias actuales. Nada más alejado de la verdad. La mesa directiva tiene el control de la agenda del Congreso, esto es, tiene el poder para decidir qué se debate y qué no. En un contexto donde golpear y atacar al gobierno se va a convertir en un deporte nacional tener el control de la agenda del Congreso significa tener la potestad de herir más (o menos) al ejecutivo y adlateres según lo que dicte el culebrón electoral del momento. Eso sin contar, por supuesto, que los lideres de los principales partidos de la oposición apenas si serán mencionados. La amenaza de la vacancia presidencial cunde por ahí (también) como espada de democles. Por eso era tan importante para el gobierno retener la mesa, pero no, la perdió estrepitosamente, vergonzozamente.

2) y aquí viene lo segundo que seduce mi atención. Por qué el gobierno no presentó una lista? Talvez porque pensó que la de Vicente Zeballos podía ganar, para ello ya había comprometido su apoyo, asi como el de otros 62 congresistas. El gobierno tenía dudas, en todo caso, que Celia Anicama cumpla su palabra. En el peor de los escenarios podía perder por un voto, pero perdió por 15 ¿qué paso? 8 de los que le prometieron su apoyo no cumplieron. Uno de ellos fue Celia Anicama, quien hoy, oficialmente, pasó a la bancada Dignidad y Democracia ¿quienes son los otros 7? Y ahi esta mi duda. Mi intuición me indica que de esos 7 al menos 4 son del oficialismo, por lo cual una deducción lógica nos llevaría a pensar que en los próximos días habrán otras 4 renuncias más en el nacionalismo. ¿quiénes serán esos angelitos? Hagan sus apuestas.

El Estado y la (des)protección de los derechos

Esta semana la Comisión de Justicia desestimó el proyecto de ley que proponía la despenalización del aborto por las causales de violación, inseminación artificial y transferencia de óvulos no consentidas enviando un mensaje que atenta no solo contra los valores y principios que inspiran nuestro estado democrático, sino también contra las obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos adoptadas por el Perú en el ámbito internacional.

Asi pues, llama la atención los argumentos avanzados por los congresistas que se opusieron a esta iniciativa y que podrían resumirse en los siguientes: a) la vida es un derecho absoluto, b) el aborto es la negación de la vida, y c) las mujeres, si bien tienen libertad y autonomía sobre sus cuerpos, no las tienen sobre el cuerpo del “concebido”. Estos argumentos que, valgan verdades, más que argumentos parecen dogmas religiosos fueron desarrollados con pruebas de dudosa procedencia como informes médicos que no demostraban lo que pretendían demostrar o como opiniones legales que desconocían, entre otras cosas, el denominado bloque de constitucionalidad que integra los tratados internacionales de derechos humanos a nuestro derecho interno, interpretando de manera amplia la Constitución en función de los principios que dotan de sentido a nuestro sistema jurídico en su conjunto.

Asimismo, resulta importante subrayar el papel que ha adquirido en los últimos años el derecho internacional de los derechos humanos que actúa como un parámetro de control de las normas de nuestro sistema jurídico interno y como un criterio de interpretación de nuestros derechos a la luz ya sea de lo que señalan los tratados suscritos por el estado peruano o de lo que resuelven los tribunales internacionales cuya competencia contenciosa hemos aceptado libremente. A propósito de ello la Corte IDH resolvió hace unos años un caso (Artavia Murillo vs. Costa Rica) donde discutió dos aspectos que también han estado presentes en el debate sobre la despenalización del aborto por violación celebrado hace unos días en el Congreso. Estos fueron: cuándo comienza la vida y quién tiene derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres ¿ellas mismas o el Estado? En relación con lo primero la Corte sostuvo que la vida comienza con la anidación y no con la fecundación, y en relación con lo segundo sostuvo que son las mujeres las únicas que cuentan con la libertad de decidir sobre sus cuerpos, lo cual no significa que tengan carta blanca para abortar en cualquier momento sino que la vida, entendida en términos físicos, no es un fin en si misma y que, por tanto, puede ser sopesada con otros derechos o bienes constitucionales como la dignidad o el libre desarrollo de la personalidad.

Lo ocurrido en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso no parece ser consistente con estas ideas que por mandato de la Constitución deben ser consideradas como un elemento esencial para el estudio de un proyecto que busca reconocer y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en un escenario donde son agredidas de manera sistemática por un orden político y social que no las toma en cuenta.

Si de verdad creemos en la democracia y en los valores en los que se inspira no podemos perder de vista lo ocurrido este martes en el Congreso, donde, de forma arbitraria y sin mayor explicación, un grupo de congresistas archivó un proyecto que, al margen de su complejidad e implicancias morales, merecía ser debatido con la mayor amplitud posible. El Parlamento demostró, una vez más, estar de espaldas a la realidad, restando potencia crítica a una iniciativa que en otras circunstancias hubiera sido un excelente pretexto para analizar el rol del estado en la protección de los derechos de las mujeres y los límites de las mayorías en la definición del interés público.

Sesionando en Ica

La iniciativa avanzada esta semana por el Presidente del Congreso, Daniel Abugattas, de sesionar en provincias sería buena si no fuera porque, como señalan sus críticos, tiene un costo económico muy grande (más de 300 mil soles) que perfectamente podrían ser empleados en otros menesteres, como realizar obras sociales, construir colegios, financiar becas, etc. A mí, sin embargo, este argumento me resulta poco convincente, más aún si se toma en cuenta, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo, por hacer lo mismo, emplea un monto mucho más alto.

En el caso de esta iniciativa la intención es acercar al Congreso con la gente y permitir que los ciudadanos entablen un dialogo más fluido con sus representantes. La función de representación, cabe decirlo, es quizá más importante que la función de aprobar y crear leyes. John Fishkin, por ejemplo, ha comprobado esta premisa al descubrir que en el mundo los parlamentos más exitosos son también los que más deliberan y no los que más leyes crean.

Ahora bien, esto no significa que esté de acuerdo al cien por ciento con la iniciativa del Congreso. De hecho pienso que muchas de las críticas en su contra son fundadas (que es una medida demagogica, que los congresistas no tienen capacidad de gasto, etc.), pero no por ello se puede cerrar los ojos frente a una verdad más grande que una casa: que los ciudadanos requieren espacios de deliberación que posibiliten un dialogo más fluido con  sus autoridades.