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Los Derechos sociales una vez más

Los derechos sociales son al constitucionalismo, lo que la luz al día. Sin ellos no se entiende la gran transformación ideológica y cultural que se ha producido al interior de la Teoría del Derecho (de cualquier Teoría del Derecho) en los últimos años. Mi amigo, el gran Martin Juarez Ferrer, ha escrito un post (aquí) sobre el tema del cual recojo sobretodo su aporte sobre la relación entre el Poder Judicial y la política. Según Martin, a veces, los jueces estan obligados a inquirir al gobierno en aquellos casos donde estan en juego los derechos sociales de las personas. Estos derechos son, por caso, la salud, la vivienda, o la educación. Los cuales por estar directamente vinculados con la erogación de recursos son vistos con ojeriza por quienes, precisamente, se encargan de administrar y organizar el presupuesto público. La mirada de Martin apunta a destacar, sin embargo, el momento en que dicho presupuesto esta mal hecho ya sea porque es a) insuficiente o b) porque no contempla las demandas de algunos sectores determinados. Asimismo, Martin destaca el hecho de la escasez. El cual, mal que nos pese, obliga a que en ocasiones, por muy buena voluntad que exista, ciertas demandas queden desamparadas. En casos como esos qué papel le toca asumir al juez. ¿Puede proponer cambios al presupuesto tal como está? Depende. Si el presupuesto atenta contra los derechos fundamentales de forma arbitraria, sí, si no, tendrán que evaluarse las razones por las cuales el presupuesto, frente al caso en cuestión, resulta baladí. Un primer paso, y en eso radica toda la discusión en torno al tema, es si los jueces pueden intervenir para crear un nuevo presupuesto o su papel se reduce a advertir las alternativas que podrían mejorarlo, en el entendido que se trate de un presupuesto que pasa el test de razonabilidad. Si el juez puede intervenir, digamos, de manera intensa, entonces, el juez crea derecho, si no puede intervenir, entonces su labor se reduce a los casos donde las violaciones a la Constitución sean expresas. Una posición intermedia, y aquí Martin se apoya en el libro de Lucas Grosman, es que el juez plantee medidas que acerquen a los sectores involucrados para dialogar, intercambiar ideas, pero eso sí, tomando muy en cuenta que la última palabra institucional siempre, siempre quedará en manos de la politica.