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¿Cuán fuerte es el fujimorismo?

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Uno de los lugares comunes más extendidos en estas elecciones es que el fujimorismo cuenta con un nivel de respaldo amplísimo. Este lugar común, por lo general, se expresa mediante las siguientes variables: a) el fujimorismo cuenta con un respaldo abrumador pues ha obtenido 73 de 130 curules en el Congreso, y b) el fujimorismo es la fuerza política más relevante del Perú pues casi dobló la votación en primera vuelta de su más cercano perseguidor: Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Es importante, sin embargo, aclarar algunas cosas. El mito, el lugar común al que me refiero no tiene, en lo absoluto, asidero en la realidad. El fujimorismo es una fuerza política importante, pero no tiene, ni por asomo, la influencia social y política que algunos desean atribuirle.

Pruebas al canto.

Keiko Fujimori obtuvo, en efecto, en primera vuelta, el primer lugar de las elecciones. Dobló, también, en votación a su contendor en el balotaje: PPK. Este obtuvo 22% de los votos válidos, mientras que aquella obtuvo el 40%. Sin embargo, de acuerdo a los resultados oficiales, Keiko no ganó la primera vuelta. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales quien lo hizo, en realidad, fue la suma de los votos blancos y viciados y el abstencionismo. Los votos, pues, de los electores que no optaron por ningún candidato y que sumaron, aproximadamente, cerca de 8 millones, esto es, hasta un millón más de los que obtuvo Keiko Fujimori. En el mismo sentido, el fujimorismo obtuvo apenas el 28% de los votos del padrón electoral, esto es, poco más de un cuarto de los votos de todos los electores posibles. Poco para una organización política que se presenta como la primera fuerza política del país, y que ha hecho una campaña disciplinada y activa durante los últimos cinco años.

Lo mismo ocurre con la votación de su lista al Congreso. Esta obtuvo un nivel de respaldo cercano al 36%, apenas 10 puntos mas que el que obtuvo la lista al Congreso del actual Presidente Ollanta Humala el 2011, pero con el detalle de que esta, a diferencia de aquella, alcanzó 47 curules, 26 menos que las que logró esta vez el fujimorismo.

¿Cómo puede ser esto posible? Se preguntaran muchos. La respuesta es sencilla -pero, reconozco, perversa-: en estas elecciones la suma de los votos blancos y viciados escaló al 35%, uno de los niveles más altos desde la recuperación de la democracia en 1980. A lo cual, además, hay que agregarle que el Jurado Nacional de Elecciones sacó de carrera a dos candidatos opcionados: Julio Guzmán y Cesar Acuña. Con ellos en campaña el resultado hubiera sido totalmente distinto. En efecto, no hay que olvidar que cuando Guzmán fue excluido por el Jurado se ubicaba, según todas las encuestas, en el segundo lugar de las preferencias electorales, y que Acuña, pese a las acusaciones y los escándalos que se levantaban en su contra, gozaba de una gran popularidad, principalmente, en el norte del país.

En suma, el éxito del fujimorismo en las elecciones al Congreso fue tal, pero debe ser comprendido y analizado a la luz de unas reglas electorales y una coyuntura que, por caso, premiaron desproporcionadamente a una mayoría relativa y castigaron severamente a otras fuerzas políticas, sin perjuicio de su impacto en la gobernabilidad democrática y el necesario contrapeso de poderes que debe existir entre las distintas ramas del Estado y entre los demás órganos constitucionales y de la sociedad civil.

Nos corresponde ahora el reto de controlar y fiscalizar lo que esta supermayoria del fujimorismo pueda hacer en el Congreso mediante los recursos que la democracia pone a nuestra disposición. El derecho a la protesta y la libertad de expresión son, también, no hay que olvidarlo, algunos de ellos.

La moralidad del voto blanco y viciado

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Iré de frente al punto: se dice que votar blanco o viciado es una opción, perfectamente, válida, tal como votar por A o por B. Se dice, además, que votar por A o por B, cuando no se quiere votar por A o por B solo por razones, supuestamente, de conveniencia es un chantaje moral. Se dice, por último, que votar blanco o viciado es una manifestación de mi derecho irrestricto a rechazar a aquellos candidatos que no me representan ¿por qué, pues, apoyar a alguien a quien, inmediatamente después de salir electo, criticaré y rechazaré sin contemplaciones?

Estos argumentos son, por supuesto, perfectamente atendibles. Dan cuenta de una mirada liberal acerca de lo que supone el voto y de las diversas posibilidades que, como ciudadanos, tenemos para ejercer nuestro derecho a la participación política.

El problema, por tanto, no es si votar blanco o viciado es legítimo, o si hay razones morales que lo justifiquen, sino si, en las circunstancias actuales, ello refleja, de manera adecuada, lo que una adhesión política como esta representa. Seré más claro: el problema no es si votar blanco o viciado es teóricamente legítimo, sino si votar blanco o viciado, a la luz de nuestro momento presente, es prácticamente legítimo.

Me explico.

En el Perú el voto blanco o viciado no ha sido históricamente, ni por asomo, un voto de protesta. La gente no vota blanco o viciado porque quiere poner de manifiesto que rechaza al establishment político o porque ningún candidato lo convence. Por lo general, la gente vota blanco o viciado porque se equivoca –marca mal la cedula- o porque no conoce a los candidatos –no tiene ni idea quienes están postulando a un cargo de elección popular-. Prueba de ello es el porcentaje, relativamente estable, del voto blanco o viciado en el Perú. Durante los últimos 30 años el porcentaje de voto blanco o viciado ha sido, aproximadamente, siempre el mismo: alrededor del 15%.

Luego, debido a nuestras sempiternas reglas electorales, los votos blancos o viciados no cuentan. Es decir, al momento de elegir a nuestras autoridades los votos blancos o viciados, simplemente, pasan a un segundo plano. Se elige a estos en función, únicamente, de los votos válidos. Excepto en un supuesto: que la suma de votos blancos o viciados supere los 2/3 del número de votos válidos. Una cifra, como parece obvio, bastante difícil de lograr. Pongamos un ejemplo: si hay 10 electores, digamos que ese es nuestro universo electoral, y hay dos candidatos: los candidatos A y B ¿qué pasaría? Si de los 10 electores 4 votan blanco o viciado, el universo de votos válidos se reduce a 6, de tal suerte que si 4 votan por A y solo 2 votan por B, el primero gana las elecciones con el 66% de los votos válidos. Es decir, los 4 que no votaron ni por A ni por B terminaron, en la práctica, contribuyendo a que ganara A, pues al no apoyar a ningún candidato modificaron el universo de votos válidos posible.

Y a esto me refiero cuando digo que quizá la discusión en torno a la legitimidad del voto blanco o viciado no se inscribe en el plano moral o ético, sino en el plano práctico. Votar blanco o viciado tiene, en efecto, todo el sentido del mundo, pero siempre que tengamos muy en cuenta –pero en serio muy en cuenta- cuáles son sus implicancias en un escenario que se rige por estas reglas electorales. Otro gallo cantaría, sin duda, si el voto blanco o viciado fuera en el Perú un voto de protesta, o si acaso se lo considerara, también, dentro del universo de votos válidos. Ello le daría un sentido y una potencia crítica que, lamentablemente, hoy no tiene.

 

Sugerencias para el debate

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Si acaso me preguntaran que le recomendaría hacer a PPK para salir airoso del debate de mañana no dudaría en sugerirle lo siguiente:

  1. No lea, en ningún caso lea, bajo ninguna circunstancia lea. Si se olvida de algo, improvise. Si no recuerda una fecha o un dato en particular haga referencia a estos en términos generales. Es preferible ser vago y ambiguo con naturalidad, que claro y preciso con un papel al frente. Al final del día, la gente recordará más el gesto que el mensaje en sí. Y leer, ciertamente, es un gesto malísimo en un debate político.
  2. No confunda su participación en el debate con una clase magistral. Sus electores no son alumnos, ni tampoco desean enterarse de la situación del país, de las finanzas, y la crisis económica internacional a través de datos fríos y estadísticas. Créame, tiene más impacto decir: “la gente ya no sabe qué hacer para protegerse, porque en cada esquina le roban el celular”, que decir: “según el Ministerio del Interior la delincuencia ha crecido 20% este año”. Lo primero genera empatía y comunica una sincera preocupación por la situación que padecemos a diario, lo segundo lo convierte en un deslucido burócrata que evoca a los mismos funcionarios impasibles que nos han llevado a este desastre.
  3. No se deje convencer por quienes le dicen que el debate es, ante todo, un intercambio de ideas y argumentos. El debate no es, en lo absoluto, un intercambio de ideas –por lo menos no en esta oportunidad-, sino un intercambio de impresiones y gestos que generan –dan la sensación de- mayor confianza y empatía con los electores. A quienes le digan que en el debate debe ir a proponer cosas y a derrotar intelectualmente a su oponente, respóndales que, en realidad, lo que va a hacer es a demostrarles a todos que quiere ser Presidente.
  4. No haga de la puya el santo y seña de sus intervenciones. No caiga, pues, en el error de pensar que como el debate es político entonces debe dedicarse solo a atacar a su oponente. Al contrario, como todo en la vida, bueno es culantro pero no tanto. Use las puyas –la ironía y el ataque directo- cuando corresponda y solo como una estrategia para distinguirse de quien tiene al frente. Si convierte el ataque en su leit motiv corre el riesgo de generar desagrado y de pasar como un oportunista, como alguien que solo fue a atacar y a insultar a la otra candidata.
  5. Resumiendo, preséntese –dentro de lo posible- como un estadista. Como alguien que siente que esta ad portas de asumir la responsabilidad más difícil de su vida y que es muy consciente de ello. Como alguien que piensa que hay muchas cosas por hacer y por mejorar y que no podemos perder ni un minuto, y que por eso necesita el apoyo de todos los que están hartos de tanta mediocridad e ineficiencia. Muestre, en esa medida, a su oponente como alguien inexperta y que esta acompañada por una pandilla de inefables que no harán nada bueno por el país. Siembre el germen de la duda en su oponente y deje, eso sí, la puerta abierta al entendimiento y el consenso. Para decirlo en simple sea como Barack Obama pero con las mañas de Frank Underwood.

La oportunidad del dialogo

El gobierno, a través de la Primera Ministra Ana Jara, invitó la semana pasada a los líderes de los principales partidos y movimientos políticos del país a participar de lo que denominó “La agenda del dialogo”. A diferencia de otras oportunidades, en ésta fueron más bien pocos los líderes que accedieron a participar ¿por qué?

Las razones de su negativa pueden ser varias. A mi modo de ver éstas podrían resumirse en las siguientes: i) asumen que el gobierno quiere “usar” el dialogo como una especie de cortina de humo de sus problemas, ii) asumen que el gobierno no cuenta con la legitimidad suficiente para liderar ninguna “agenda del dialogo” dadas las circunstancias actuales, y, finalmente, iii) asumen que el gobierno emplea la estrategia del garrote y la zanahoria; por un lado, convoca a los principales líderes políticos a dialogar y, por el otro, su(s) Ministro (s) los atacan ferozmente (me refiero obviamente al ahora ex Ministro Daniel Urresti y al Ministro Pedro Cateriano).

Así las cosas, la pregunta que muchos nos hacemos es ¿tiene posibilidades el dialogo? Algunos analistas, entre ellos, por ejemplo, Fernando Rospigliosi o Pedro Tenorio, consideran que no. Su argumento principal es que el gobierno a estas alturas es lo que, comúnmente, los norteamericanos denominan “un pato rengo”, esto es, un gobierno sin legitimidad y al que solo le queda esperar –en los mejores términos- a su sucesor. En ese contexto, aseguran, el dialogo es poco más que una moneda al aire. Nada parece indicar que pueda tener éxito.

Ahora bien, yo tiendo a coincidir con estos analistas pero agregaría, sin embargo, un matiz. Pienso que si bien, en términos generales, “La agenda del dialogo” está destinada al fracaso existe una posibilidad –sólo una- que haría posible su eventual éxito. Esta sería que el gobierno asuma que a estas alturas no está en condiciones de llevar a cabo grandes emprendimientos y que su papel en lo que le resta de mandato es administrar de la forma más ordenada y prudente posible la transición hacia el próximo gobierno. Esto permitiría, por caso, discutir, en lugar de proyectos ambiciosos de reforma constitucional que pasan, por caso, por la eliminación del voto preferencial o el cambio de las circunscripciones electorales, proyectos más bien modestos pero viables que pasan por la creación de la denominada ventanilla única a cargo del Jurado Nacional de Elecciones o la modificación de la hoja de vida de los candidatos de los partidos para que los ciudadanos contemos con mayor información acerca de su trayectoria y capacidades. A ello podríamos agregar otro tipo de medidas como evitar enfrentamientos innecesarios con la oposición o evitar proponer, de forma intempestiva, modificaciones en las normas laborales o económicas que son las que, en buena cuenta, predisponen la actitud de los votantes hacia uno u otro lado del espectro político en nuestro país.

En suma, dialogo sí pero en base a una agenda realista y acorde con el (escaso) crédito político del gobierno.

La revocatoria en contexto

La revocatoria de la alcaldesa de Lima a diferencia de lo que dicen sus entusiastas promotores, va a traer más perjuicios que beneficios a Lima. Para empezar, si acaso esta medida prosperara, en menos de 1 año, entre que se revoque a la alcaldesa Villarán y se nombre a su reemplazante, Lima tendría 4 alcaldes, los cuales serían: la alcaldesa revocada, su reemplazante provisional quien convocaría a elecciones, el alcalde elegido en esas elecciones, y el nuevo alcalde que sería elegido en el 2014, esta vez sí, en un nuevo proceso, y si no lo revocan también, por cuatro años. Por lo que la pregunta que correspondería hacerse en ese escenario es ¿cuánto beneficiará a Lima tener 4 alcaldes en, y no estoy exagerando, 1 año? No debemos olvidar que el municipio de Lima como cualquier otra entidad del Estado que gestiona recursos tiene que celebrar contratos, lidiar con los intereses y demandas de la población, promover la inversión, etc., lo cual no sólo estaría en riesgo por la evidente inestabilidad política provocada por la revocatoria si tiene éxito, sino por el distinto perfil que cada uno de estos 4 alcaldes le imprimiría a la ciudad en el brevísimo lapso que ocuparía el cargo.

No se trata, como bien ha puntualizado el Comercio en un editorial reciente, de satanizar la revocatoria, pero sí de llamar la atención sobre la forma irregular como está planteada en la actual ley de participación ciudadana. ¿O es que acaso se olvida que a diferencia de cualquier otro distrito, o provincia del Perú, para que proceda la revocatoria en Lima no se necesita el 25% del número de firmas de los electores, sino, apenas, el 6%? Una cifra tan nimia como esta denota, a todas luces, lo que los promotores de la revocatoria han callado en todos los idiomas, que en realidad en el caso particular de Lima la revocatoria más que un instrumento de participación y deliberación ciudadana es un instrumento de presión y obstrucción política de la oposición.

Es interesante poner en contexto la revocatoria en Lima con lo que sucede en otros países de la región. En Colombia, por ejemplo, para que proceda se necesita contar con la adhesión de al menos el 40% de electores que votaron por el alcalde que se quiere revocar, y para que esta finalmente tenga éxito se necesita que el sufragio supere el 55% de la votación válida registrada el día en que se le eligió. Al igual que en Lima, en Bogota actualmente se esta promoviendo la revocatoria del alcalde Gustavo Petro, aunque, y esto es bueno precisarlo, todo hace indicar que no tendrá el mismo eco que la revocatoria limeña, debido a que la ley que regula este proceso de consulta popular en Colombia, la Ley 134-94, es más exigente que la ley peruana, y a que la clase política colombiana, a diferencia de la nuestra, es más estable e institucionalizada. De hecho, en Colombia casi nunca ha procedido la revocatoria del alcalde de una ciudad principal. Los especialistas coinciden en que ello es producto, por un lado, de la excesiva reglamentación que hace muy engorroso este proceso, y por el otro, de la falta de voluntad política, principalmente, de los partidos, de avanzar con una medida que despues podría ser usada como un boomerang contra ellos.

Todo lo anterior, sin embargo, no debe hacernos olvidar que la alcaldesa de Lima tiene que mejorar, y mucho, varios aspectos de su gestión, comenzando por la imagen de ineficiencia que denota, y la indolencia con que algunos de sus colaboradores parecen afrontar este proceso que, valgan verdades, la afecta no sólo a  ella y su equipo, sino al sector político que la apoyó en su camino al municipio de la nunca bien ponderada ciudad de los reyes.

La ciudadanía en cuestión

El jorobado de Notredame, léase, Carlos Melendez, ha escrito un artículo titulado “buscando ciudadanos”, en él plantea una idea que, al menos intuitivamente, ya habíamos desarrollado antes por estos pagos: que en el Perú hemos pasado del discurso de los pobres y ricos, al de los incluidos y excluidos pero nos hemos olvidado del discurso  de los ciudadanos. Nada menos.

“El Perú es un país de desencuentros. Los últimos gobiernos no han conseguido generar un discurso político traducido en políticas públicas que logren paliar en algo las distancias sociales o, al menos, el acceso a los beneficios del progreso económico. De izquierda a derecha solo tenemos intentos fallidos. La izquierda setentera y sus herederos se han dirigido al “proletariado” o al “campesinado”, construyendo una identificación política colectiva tomando como base los determinismos de la actividad económica de la clase sometida. Luego, con más culpa que con reflejo, se evolucionó hacia la categorización de “pobres” y “excluidos”, categorías que ganaron cierto consenso. Se habló de los “sin voz” y la (buena) intención de toda política: el “empoderamiento”, siempre partiendo de la premisa de la subordinación y de los sujetos como actores pasivos. El discurso de la “inclusión social” es su más reciente versión y se sustenta en el desvalido a quien no le llega nada. La culpa se impone como leitmotiv de cualquier cambio social.

La derecha no se salva. Quizás su rollo más articulado haya sido el concebir a las clases bajas como informales, potenciales micro capitalistas cuya principal (¿y única?) actividad es económica y que se realiza al margen de las reglas de juego impuestas por el sistema (el mismo que los oprime, claro está). Ambas tendencias definen a las clases populares (sic) casi exclusivamente por su poder adquisitivo. Cuando sus discursos intentan dar el salto a la política, desfallecen. En las alternativas planteadas de “más Estado” o de “legalidad” hay un tímido reflejo de búsqueda de algo extra que no termina por precisarse. La izquierda ve pobres y excluidos, y la derecha ve informales. Nadie ve ciudadanos.”

Carlos no se equivoca, en efecto, en el Perú hace mucho, desde la época de Julio Cotler por lo menos, se ha dejado de lado el discurso de la ciudadanía para, en su lugar, poner los reflectores sobre el discurso de la inclusión. Ambos parecen lo mismo pero no lo son. El discurso de la ciudadanía se refiere a los derechos y a las obligaciones, el discurso de la inclusión, en cambio, se refiere a los que tienen privilegios y los que no, los que se favorecen del desarrollo y los que no, los que pueden, en suma, sentirse peruanos y los que no (en el sentido de ser parte de una comunidad y, por tanto, ser responsable de las decisiones que se adoptan en ésta).

No es baladí subrayar esta diferencia pues de ella depende, en parte, la forma cómo nos aproximamos a las soluciones de los vastos problemas que afronta el Perú. La política se entiende en este contexto de una forma un tanto diferente a como la entendemos en el habla común: no como el espacio en donde se dirime quién manda a quién, sino como el espacio donde se dirime qué es lo que se debe mandar y en función de qué  intereses y necesidades. Si nuestro objetivo próximo, y asumo que esa es una meta importante para este gobierno, es reducir la exclusión social y permitir que la brecha entre pobres y ricos se acorte, la estrategia más adecuada, talvez, sea, por eso, olvidarse un poco de que la inclusión y la pobreza como tales existen y concentrarse más bien en pensar en soluciones para ciudadanos que, aunque pobres y excluidos, y que se beneficiarán, además, hipotéticamente, de esas medidas, nunca deberían dejar de serlo.

El Perú que deberá ser

El presidente Alan García ha dicho, en su discurso de ayer por año nuevo, que el Perú vive una bonanza económica y que a pesar de las dificultades del año 2009, el 2010 será un año pródigo en resultados y metas alcanzadas. ¿Cuánto de esto es cierto? A juzgar por las cifras el Perú es el país que menos se resintió con la crisis financiera del 2009, pero es al mismo tiempo uno de los países que presenta mayor desigualdad en América Latina. ¿Por qué el optimismo de Alan García entonces? Si bien las cifras macroeconómicas le dan la razón, el presidente se equivoca cuando afirma que el Perú pronto será un país del primer mundo. En la última semana una de las agencias calificadores de riesgo más importantes -Moodys Investor Service- le otorgó el grado de inversión al Perú, pero esa misma semana se hizo publico algo que, desde el año 2003, la Comisión de la Verdad había anunciado, que en Ayacucho, en un campamento militar, existía una fosa común donde yacían los cuerpos de decenas de niños abatidos por la violencia terrorista de los años 80. Este hallazgo es revelador porque es el contrapunto perfecto de lo que esta ocurriendo en el Perú actual: crecimiento económico, intensificación de los procesos de integración comercial, elecciones periódicas, pero no más responsabilidad en el gasto público, ni mayor inversión –pública o privada- en áreas relevantes de la economía, ni mayor exportación con valor agregado, ni mejores servicios sociales. Este contraste confirma lo que es un hecho sabido a voces: que el Perú es un país más prospero pero no más justo.

El Perú esta en un lugar expectante, ha dicho también el presidente Alan García, pero esa expectativa se remonta a los años del éxito de la exportación de materias primas de principios del siglo XXI. El superávit producido por la demanda de esos productos llevó a que el Perú, por primera vez en su historia, aumentara de forma sostenida su PBI y no tuviera problemas de índice fiscal. ¿Trajo ello, sin embargo, mayor progreso para las zonas altoandinas o para las regiones de donde esos recursos eran extraídos? La respuesta es previsible: no. En el año 2009 se han desnudado una serie de deficiencias en la gestión del gasto público, llegando a la rocambolesca evidencia de que algunas regiones no han ejecutado si quiera el 20% de su presupuesto, aún cuando hacían falta obras y proyectos para aliviar sus graves problemas de pobreza.

El presidente celebra pero no hay en realidad muchos motivos para celebrar o, para celebrar con ese entusiasmo. Nuestro espejo son los países del primer mundo, ha dicho, pero nuestro espejo real debieran ser los países que confiados en un crecimiento ficticio derrocharon su tiempo y sus energías en ufanarse de lo logrado sin ponerse a trabajar en lo mucho que faltaba. Nuestro espejo, por qué no, debiera ser el Perú de los años 50, o el de la prosperidad falaz de la época del caucho. Momentos estelares de nuestra historia donde tuvimos ganancias ingentes, pero que no supimos aprovechar y que, en un exceso de optimismo, fueron el  bálsamo para no encarar nuestras complejìsimas dificultades.

El 2010 nos pone delante grandes retos. El más importante: garantizar la estabilidad democrática. Es un año de elecciones regionales y municipales, pero es también un año donde se irán decantando las preferencias de cara a las elecciones presidenciales del año 2011. No hay que ser pitoniso para saber que esa elección se parecerá mucho a la que tuvimos el año 2006: un país oficial que votaba por un discurso sosegado por temor al país real que votaba rabiosamente por la destrucción del sistema que los había marginado y los había humillado sempiternamente. El 2011 pasará exactamente lo mismo, la única diferencia es que, talvez, ya no gane el Perú oficial.